Artieda resalta que «la ley estatal de mayo 2023
, imposibilita el cobro de honorarios a los inquilinos y, por tanto, deben asumirlos los propietarios. Muchos no lo entienden o no quieren aceptarlo, pero deben ser ellos los que paguen los servicios prestados por las
agencias inmobiliarias, lo cual
dificulta la contratación del servicio».
Por ello, el presidente de los API señala que cada vez hay menos agencias que se dediquen al alquiler de viviendas, ya que para las que lo hacen supone un sobreesfuerzo que resulta poco rentable. «Quedamos las tradicionales porque consideramos que es importante dar un buen servicio de asesoramiento a los ciudadanos, especialmente en estos tiempos que corren», justifica.
Artieda precisa que este fenómeno no es nuevo, pero resalta que ahora se ha agudizado. «Lo que ocurrio en la pandemia de la COVID-19 es que al paralizarse las ventas muchas inmobiliarias pasaron a dedicarse a alquileres de inmuebles; pero a raiz de la ley estatal de mayo 2023, en la que imposibilitaba el cobro de honorarios a los inquilinos, ha vuelto a decaer. Ahora volvemos a ser las inmobiliarias tradicionales las que nos dedicamos a rentas y la gestión de estas», expone.
El presidente de los API señala que el trámite de comercialización del alquiler de viviendas se realiza principalmente por parte los portales inmobiliarios digitales, pero lamenta que «no siempre se ofrecen a los clientes las garantías y la seguridad necesarias». De hecho, son conscientes de que «algunas personas aprovechan estas plataformas para anunciar infraviviendas o cometer estafas y fraudes».
Pese a los precios desorbitados de las viviendas en Mallorca, Artienda asegura que las inmobiliarias no pasan por un buen momento y muchas se están viendo obligadas a cerrar por la falta de inmuebles que vender o alquilar. «Estamos viviendo una situación inédita, nunca antes se había vivido una crisis de oferta», expresa.
En este sentido, precisa que las que se están viendo más afectadas son las tradicionales, es decir, aquellas inmobiliarias de zona que se dedican a la venta de pisos o casas a residentes. Artieda señala que cada agencia solía tener en venta entre 40 y 60 viviendas, en función de las características de cada una de ellas, mientras que «ahora si tienen entre 4 y 8 es casi un milagro. Además, muchas de ellas suelen estar fuera de mercado, lo cual dificulta su venta».
El presidente del Colegio y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares advierte que están viviendo una situación límite, que está marcando un antes y un después en el sector, al que los empresarios tienen que adaptarse a ritmos acelerados y haciendo frente a cuantiosas pérdidas económicas. Ante esta situación una de las opciones a las que están recurriendo para evitar el cierre es la integración con otras inmobiliarias o incorporar servicios multidisciplinares, con la finalidad de ahorrar costes.
Competencia desleal
Además, lamenta que esta compleja situación se ve agravada por la competencia desleal que padecen las inmobiliarias. «Hay personas a título individual, sin ningún tipo de formación -incluso perfiles tipo influencers que ni siquiera hablan castellano-, se dedican a vender viviendas. Los ciudadanos no son conscientes de los importantes riesgos que asumen poniéndose en manos de personas que no tienen los conocimientos necesarios», advierte.
Por ello, Artieda insta a los políticos a regular la figura del agente de la propiedad inmobiliaria con la finalidad de evitar este conflicto, que perjudica sobre todo a los ciudadanos y a los profesionales del sector. Cabe destacar que el Govern la reguló pero el gobierno central la derogó en base a la normativa europea de libre competencia.
